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LEY MARCO SOBRE LA ALIMENTACIÓN  EN HONDURAS

(VERSIÓN OCTUBRE  11 de 2007)

CONSIDERANDO: Que el derecho a la alimentación es un derecho humano fundamental, según el cual todos los seres humanos sin discriminación alguna,  deben tener acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos, en cantidad y calidad suficientes para llevar una vida sana y plena, acorde con la dignidad humana.

CONSIDERANDO: Que este derecho es reconocido  por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación” (artículo 25.1); al igual que por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales  y Culturales, el cual categóricamente proclama “el derecho a la alimentación adecuada “y el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre” y el deber de los Estados de “mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos” y de “asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades.” (Artículo 11).

De igual forma  la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, de la Cumbre Mundial sobre Alimentación, de noviembre 1996, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), suscrita por 185 países, entre ellos Honduras, reafirmó  “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre.”

CONSIDERANDO: Que el contenido normativo del derecho humano a la alimentación fue definido en la Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales de las Naciones Unidas de mayo de 1,999, y que el consejo de la FAO, aprobó las “Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional” en noviembre de 2004,con consentimiento de la Republica de Honduras.                                                           

CONSIDERANDO: Que la soberanía alimentaría es una condición previa para conseguir la seguridad alimentaria, y que constituye el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de los alimentos que garanticen su derecho a una alimentación sana y adecuada, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos tradicionales de producción agropecuaria, comercialización y gestión de los espacios rurales.

Por Tanto: Esta iniciativa establece la obligación del Estado Hondureño  de  garantizar y preservar en todo momento el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación para toda la población, es decir, de velar por la seguridad alimentaria del país.  Esta obligación implica tanto el deber de desarrollar políticas y promover acciones afirmativas concretas en materia de producción, comercialización y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación, como el de abstenerse de impulsar medidas que atenten o amenacen  la plena realización de este derecho.

LEY MARCO SOBRE  LA ALIMENTACIÓN  EN HONDURAS
   I
Disposiciones generales

Artículo 1. Concepto. Se determina como política de Estado y acción prioritaria del Gobierno, respetar, proteger, y garantizar el derecho a la alimentación  y la seguridad alimentaria y nutricional.  Para los efectos de la presente Ley, se entenderá como Derecho a la Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional “el derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada y a los medios indispensables para producir o adquirir los alimentos en la debida cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”.

Articulo 2.  La presente Ley tiene por objeto, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Hondureña, priorizando a los sectores sociales vulnerables, mediante la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos estratégicos que garanticen el apoyo a la producción nacional de alimentos, faciliten su control de calidad y distribución, posibiliten su acceso, y mejoren el consumo, preserven la salud y la nutrición de la población.

Artículo 3. Prohibición de discriminación. Constituye una violación a la presente Ley, la discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos para obtenerlos, por motivo de raza, etnia, color, sexo, idioma, edad, religión, posición económica, opinión política, o de otra índole o condición  con el fin o efecto de anular u obstaculizar la igualdad en el ejercicio del derecho a la alimentación.

Artículo 4. Política. La Seguridad Alimentaria y Nutricional derivada del derecho   humano  a la alimentación se asume como una política de Estado con enfoque integral, en el marco de las estrategias de reducción de pobreza  y de las políticas globales, sectoriales y regionales, que se definan en coherencia con la realidad nacional. Reafirma la obligación del Estado a tomar medidas con miras a lograr gradualmente la plena realización del derecho a la alimentación, entre otras medidas encaminadas a promover las  condiciones para que nadie padezca hambre y todos disfruten cuanto antes y plenamente del derecho a la alimentación.

Articulo 5. El Estado garantiza la seguridad alimentaria, buscando asegurar a la población progresivamente el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos, de acuerdo a sus necesidades particulares e independientemente de sus condiciones económicas, sociales y culturales, con base en los valores de solidaridad, reciprocidad y complementariedad;

Articulo 6 El Estado buscará la integración activa de las personas y   organizaciones sociales y comunitarias en las diversas fases de sus políticas, programas y proyectos encaminados a asegurar el derecho humano a la alimentación. La participación social respetará la diversidad étnica, cultural, de género y de edad.

Articulo 7  El Estado Incorporará a los programas y proyectos encaminados a asegurar el derecho a la alimentación, la preservación de la biodiversidad, asegurando la protección de los recursos naturales y del ambiente, para uso de las presentes y futuras generaciones, con la observancia de las leyes relacionadas;

Articulo 8  El Estado trasladará  de acuerdo a su competencia, capacidades de decisión, formulación y manejo de recursos a los ámbitos departamental, municipal y comunal, creando las normas e instituciones que sean necesarias.

Articulo 9 Todas  Las intervenciones del Estado en esta materia estarán basadas en información y métodos objetivos, aplicando permanentemente mecanismos de monitoreo y evaluación

Artículo 10 Esta ley reafirma el derecho humano de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación adecuada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, a fin de que pueda desarrollar y mantener plenamente su capacidad física y mental;

Articulo 11  Por mandato constitucional y de oficio, el Estado de Honduras  debe velar por el derecho humano a la alimentación  de la población, haciendo prevalecer la soberanía alimentaria y la preeminencia del bien común sobre el particular

Articulo 12 El Estado de Honduras garantiza la accesibilidad, la disponibilidad, y la seguridad  de los alimentos. Se entiende por accesibilidad la capacidad de obtener alimentos,  por disponibilidad  la presencia de los alimentos o de las medidas para producirlos en la comunidad y el hogar,   y por  seguridad que en  todo  tiempo haya  accesibilidad y  disponibilidad a los alimentos.
 
Articulo 13  De la Soberanía alimentaria.- El Estado garantizará a la población el acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos, mediante el control del proceso productivo de manera autónoma, con la promoción y recuperación de las prácticas y tecnologías tradicionales y otras, que aseguren la conservación de la biodiversidad, la protección de la producción local y nacional, garantizando el acceso a la tierra, a bosques, al agua de ríos, lagos, y mares y a otros recursosindispensables para procurar o producir alimentos así como a  mercados justos y equitativos.

En caso de que un tratado comercial o acuerdo de otra índole aprobado o en negociación que contravenga el derecho a la alimentación de sectores socialmente vulnerables,el Estado debe de hacer prevalecer el derecho humano a la alimentación.

Articulo 14   El estado garantizará y resguardará el derecho de todas las personas a tener acceso a productos alimenticios seguros, que no dañen ni atenten contra su salud ni la de sus descendientes. Nadie podrá ser objeto de desinformación ante el tipo de productos alimenticios que le suministren.

Articulo 15  El Estado no permitirá el consumo, la introducción, experimentación, liberación al ambiente y comercialización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) cuando no exista suficiente evidencia de que estos no ocasionan daños o riesgos a la salud, el ambiente la cultura alimenticia y la economía campesina. 

Artículo 16  Ayuda alimentaria para emergencia. El Estado deberá garantizar que toda ayuda alimentaria de emergencia, en todo momento y circunstancias, debe ser adecuada en términos culturales, considerar los hábitos de consumo y las necesidades nutricionales de los beneficiarios.

En todo momento se privilegiará el uso y consumo de alimentos de producción nacional para atender situaciones de emergencia. Cuando la disponibilidad de alimentos de producción nacional sea deficitaria se procederá a importar alimentos siempre y cuando existan garantías de que no contienen OGM.

II
De los beneficiarios

Articulo  17 – Es obligación del estado  respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación adecuada,   procurando  iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren su alimentación La obligaciónderespetar significa que el Estado no adopte medidas de ningún tipo que impidan el acceso a la alimentación adecuada, a los  medios para producirla o adquirirla. La obligación de proteger requiere que el Estado  adopte medidas y acciones para velar por que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a la alimentación, o a los medios para realizarla

Articulo 18. La obligación de garantizar el derecho a la alimentación significa que el Estado, en primer lugar facilite  a las personas, familias y comunidades que no tienen los medios suficientes para alimentarse, el acceso y la seguridad sobre estos recursos, en particular la tierra y otros recursos productivos para que puedan asegurarse a ellas mismas el acceso a la alimentación. Cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, el Estado  tiene la obligación de hacerlo efectivo directamente. Esta obligación también incluye a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole.

Artículo 19 El Estado asegurará prioritariamente  el derecho a la alimentación  a  la población  más vulnerable, conforme  al siguiente esquema:

1- Población bajo la línea de indigencia: principalmente embarazadas, niñas y niños de cero (0) a cinco (5) años,  adultos mayores a partir de  sesenta (60) años, sin cobertura social y población con desnutrición grado 1, 2 y 3. 

2- Población bajo la línea de pobreza: principalmente las y los niños de cero (0) a catorce (14) años, las personas  discapacitadas, las embarazadas, las nodrizas y los adultos mayores de setenta (70) años sin cobertura social. 
Con tal fin se considera pertinente la definición de línea de pobreza que formula el Instituto Nacional de Estadística  (INE). 

Articulo 20. Justiciabilidad: Toda persona o grupo de personas que considere violado o amenazado su derecho a la alimentación adecuada tendrá acceso a recursos judiciales efectivos u otros recursos apropiados para la protección o el restablecimiento del derecho, los cuales deberán cumplir con las reglas del debido proceso. La carga de la prueba en los procesos por violaciones del derecho a la alimentación corresponderá a la parte demandada.

En aquellos casos en los cuales la violación aun no se haya consolidado pero exista una amenaza inminente de violación, las autoridades judiciales podrán adoptar las medidas cautelares necesarias para garantizar la integridad del derecho y evitar la ocurrencia de la violación hasta la adopción de una decisión judicial con efecto de cosa juzgada.

Todas las víctimas de violaciones al derecho a la alimentación tendrán derecho a una reparación adecuada mediante restitución, indemnización, compensación y/o garantía de no repetición de la violación.

Los recursos jurídicos dirigidos a garantizar el derecho a la alimentación deberán ser efectivos, accesibles física y económicamente y ser resueltos en un plazo razonable.

El Estado pondrá a disposición de quienes no tengan acceso efectivo a los recursos jurídicos por falta de recursos los mecanismos de asistencia legal gratuita que sean necesarios para la protección judicial efectiva del derecho a la alimentación. El factor económico nunca podrá ser obstáculo para acceso a la justicia de las víctimas de violaciones del derecho.

Las decisiones judiciales emitidas en virtud de los recursos de que  trata  este artículo son vinculantes para todas las partes del proceso, incluidos los funcionarios públicos responsables de su ejecución. Ellos deberán cumplir con lo dispuesto en la decisión judicial dentro de un plazo razonable, so pena de incurrir en falta disciplinaria.

Los jueces de la República, deberán interpretar el derecho nacional de conformidad con las normas del derecho internacional de los derechos humanos relativas al derecho a la alimentación en el ejercicio de sus  funciones. En los casos de ausencia de norma nacional aplicable o cuando quiera que esta genere un agravamiento de la vulneración del derecho a la alimentación, los jueces podrán aplicar inmediatamente el derecho internacional de los derechos humanos, aplicable al caso especifico.

Los jueces interpretarán el derecho nacional de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, y en especial sobre el derecho a la alimentación. En los casos de violaciones que afecten el núcleo esencial del derecho a la alimentación, en los cuales no haya legislación nacional aplicable o esta sea contraria al derecho internacional de los derechos humanos, los jueces aplicarán directamente el derecho internacional vigente en la materia.

El Comisionado Nacional de Derechos Humamos, así como las organizaciones defensoras de derechos humanos, deben ocuparse de recibir, documentar, y denunciar las violaciones del derecho a la alimentación.

De la Comisión Nacional del Derecho a la Alimentación

Articulo 21. Crease la Comisión Nacional  del Derecho a la Alimentación, que en esta ley se denominará “la Comisión” como entidad  rectora encargada de establecer las acciones y coordinar la ejecución de los programas y proyectos tendientes a garantizar  el derecho humano a la alimentación, y a resolver las  deficiencias en el sistema alimentario del país, incluyendo la producción ,comercialización, el procesamiento industrial, el consumo y la utilización biológica  de los alimentos básicos de la dieta popular La comisión tendrá el mandato de implementar a nivel de país las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación aprobadas por los Estados miembros de la FAO en noviembre de 2004. Para estos efectos la Comisión nombrará una Unidad Técnica cuyas funciones específicas y conformación serán definidas en el correspondiente reglamento de esta ley.

Articulo 22. La Comisión estará integrada por el Vicepresidente de la Republica quien la presidirá; por representantes de las secretarias de Salud, Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional Agrario, Recursos Naturales y Ambiente, Educación, Finanzas, Trabajo y Previsión Social, Industria y Comercio, El Fondo Hondureño de Inversión Social, y diez representantes de organizaciones de sociedad civil (OSC)  involucradas en el tema, y el Presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)

La Comisión nombrará un relator Independiente del DerechoHumano a la Alimentación, quien será electo por mayoría de la Comisióna propuesta de una terna presentada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras y quien someterá a consideración de la Comisión y de otros entes relacionados los informes periódicos sobre la situación del derecho a la alimentación en el país.

III
De los recursos

Articulo 23  - Créase el Fondo Especial de derecho a la alimentación que tendrá carácter de intangible y se aplicará a la implementación de los  programas y proyectos que establezca la Comisión con el fin de asegurar el derecho humano a  la alimentación establecido por la presente ley. Dicho fondo se integrará de la siguiente manera:

a)        Con las partidas presupuestarias que se asignarán anualmente en el Presupuesto Nacional de la Republica. Si estas resultan insuficientes para cumplir  los objetivos de la presente Ley, se reasignarán las partidas que sean necesarias.

b)        Con las aportaciones y financiamientos para tal fin, que el Estado     obtenga de organismos e instituciones internacionales y nacionales  y de otros Estados.

Tales  recursos no podrán ser destinados a otra finalidad, y su ejecución será de carácter prioritario, idéntico carácter tendrán los fondos que se transfieran a las distintas jurisdicciones, por lo que deberán adoptarse todos los  mecanismos necesarios que garanticen  la utilización de los fondos  conforme a su  destino específico.

Articulo 24. – Este fondo  será auditado trimestralmente por los órganos  contralores del Estado, junto con las organizaciones sociales vinculadas con el tema, a fin de fomentar la transparencia, en el gasto público y la auditoria social.
Las intervenciones de la Comisión,  se basarán en la información y en el mecanismo de monitoreo y evaluación permanentes.

Articulo  25. - Se dispone la unificación y coordinación, a partir de la sanción de la presente ley, de todos los programas vigentes, financiados con fondos nacionales en todo el territorio nacional destinados a este efecto, a fin de evitar la superposición de partidas presupuestarias.

IV

 Alcances

Articulo 26. Observancia. Esta ley es de observancia general en el territorio nacional. En la adopción de medidas en orden de su implementación, se dará un carácter prioritario a aquellas destinadas a la realización del derecho a la alimentación de los sectores socialmente vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional o en general a violaciones del derecho a la alimentación.

V
Disposiciones finales

Artículo 27. Reglamento. Se elaborará en un plazo máximo de noventa (90) días calendario a partir de la aprobación de esta Ley el correspondiente proyecto de reglamento, y lo presentará para su aprobación a la Presidencia de la República.

Artículo 28. Divulgación. El Organismo Ejecutivo deberá divulgar esta Ley a través de todos los medios de comunicación social del país.

Artículo 29. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

 


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